El presidente Donald Trump aprobó el miércoles un proyecto de ley bipartidista de la Cámara de los Estados Unidos destinado a reformar el sistema penitenciario federal.
El proyecto de ley está destinado a ayudar a los reclusos a prepararse para la vida después de su liberación, pero la legislación enfrenta un futuro incierto en el Senado.
La ley First Step, copatrocinada por el republicano Doug Collins de Georgia y el demócrata Hakeem Jeffries de Nueva York, se aprobó de manera abrumadora en la Cámara de Representantes en mayo.
Pero no ha ganado fuerza en el Senado de los Estados Unidos porque no contiene una revisión más amplia favorecida por los progresistas liberales y algunos conservadores moderados que buscan cambios a las leyes de sentencia mínima obligatoria que han mantenido a muchos delincuentes de bajo nivel tras las rejas durante décadas.
El proyecto de ley en su forma actual tendría que ser aprobada por el Senado antes de fin de año antes de que se asiente el nuevo Congreso en enero, y los partidarios esperan que el respaldo de Trump, quien ha hecho del tema un aspecto central de su presidencia, impulse a los republicanos del Senado a actuar.
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«Hoy estoy encantado de anunciar mi apoyo a este proyecto de ley bipartidista que hará que nuestras comunidades sean más seguras y les dará a los ex reclusos una segunda oportunidad de vida después de que hayan cumplido su tiempo», dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca.
«Insto a los legisladores tanto en la Cámara como en el Senado a que trabajen duro y actúen rápidamente y envíen un proyecto de ley final a mi escritorio, y espero con mucho interés firmarlo», agregó.
La ley First Step dirige a la Oficina Federal de Prisiones a evaluar qué reclusos deben obtener créditos para completar sus sentencias en casas intermedias o confinamiento en el hogar.
También amplía las oportunidades de empleo para los reclusos y amplía los programas de liberación compasivos para los enfermos terminales.
El proyecto de ley eliminaría las sentencias de por vida obligatorias para los infractores de drogas por tercera vez, incorporando una sentencia de 25 años.
