Miguel Gutiérrez, exdiputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), fue sentenciado a 16 años de prisión por narcotráfico por un tribunal de Estados Unidos el pasado miércoles.
Esta sentencia se produce tras un acuerdo que alcanzó con las autoridades estadounidenses en diciembre del año pasado, donde se declaró culpable de cargos de tráfico de drogas y lavado de dinero.
La sentencia fue dictada por el juez Roy K. Altman, quien confirmó la decisión de Gutiérrez de renunciar al cargo, dos años después de su arresto en Estados Unidos por narcotráfico.
Según el acuerdo, Gutiérrez no podrá apelar la sentencia. Así quedó establecido en la declaración de culpabilidad que hizo el año pasado.
Miguel Gutiérrez llegó a un acuerdo de culpabilidad con las autoridades norteamericanas en el que admitió su participación en dos cargos relacionados con narcotráfico.
El primer cargo implicaba la distribución de más de 5,000 kilogramos de cocaína, mientras que el segundo cargo se refería a conspirar para lavar dinero proveniente del tráfico de narcóticos.
Este acuerdo de culpabilidad fue crucial en el proceso legal que culminó con la sentencia de 16 años de prisión para Gutiérrez en Estados Unidos.
El juez también otorgó permiso al gobierno de Estados Unidos para confiscar cualquier activo relacionado con las actividades de narcotráfico y lavado de dinero de Gutiérrez, que asciende a la asombrosa cifra de 7,5 millones de dólares.
Esto incluye diversas propiedades, vehículos y efectivo tanto en República Dominicana como en Estados Unidos.
El caso de Miguel Gutiérrez ha conmocionado al público dominicano, ya que era un miembro destacado del PRM y uno de los políticos más votados en la provincia de Santiago.
La noticia de su sentencia ha causado revuelo en el panorama político del país, y muchos se preguntan cómo un legislador podría estar involucrado en delitos tan graves.
Por otro lado, Luis Abinader, quien fue candidato presidencial por el PRM en 2020, y actual presidente de República Dominicana, dijo a reporteros en mayo de 2021: “La DEA y la DNCD dieron las declaraciones sobre ese tema. Cada quien es responsable por sus hechos. Cada quien que pague por sus hechos.”
El arresto de Miguel Gutiérrez en Estados Unidos se remonta a mayo de 2021 en Miami, donde fue aprehendido cuando intentaba ingresar al país.
Tras su arresto, las autoridades estadounidenses confiscaron numerosos activos, incluidos relojes de lujo, vehículos y dinero en efectivo, tanto en Estados Unidos como en República Dominicana.
En los documentos judiciales se afirma que Gutiérrez, entre 2014 y 2020, conspiró con otros para distribuir grandes cantidades de cocaína en EE.UU. y República Dominicana, y luego utilizó sus negocios para lavar las ganancias.
También se reveló que co-conspiradores con Gutiérrez entregaron casi $6 millones a la DEA en septiembre de 2023, provenientes de negocios propiedad del exdiputado.
El hecho de que Gutiérrez fuera un funcionario electo añade una capa adicional de perplejidad a este caso.
Plantea interrogantes sobre el nivel de corrupción y actividad criminal que existe dentro de la élite política dominicana, y hasta dónde están dispuestos a llegar estos individuos para proteger sus intereses.
La sentencia de Miguel Gutiérrez sirve de advertencia a otros políticos que puedan estar involucrados en actividades delictivas. Se hará justicia y las consecuencias de sus actos no quedarán impunes.
Es un recordatorio de que el crimen no paga y que la ley siempre alcanzará a quienes la infringen. Esto sirve como advertencia a otras personas que puedan estar involucradas en crímenes similares, de que ellos también enfrentarán la justicia.
La sentencia de Miguel Gutiérrez también debería servir como recordatorio a quienes están en el poder de que no están por encima de la ley y que deberán rendir cuentas de sus acciones.
El sistema de justicia ha hablado y ahora nos corresponde a todos garantizar que estas acciones no se repitan.
