Tras la presentación de un informe especial de la Contraloría General de la República Dominicana sobre un supuesto desfalco contra el Estado valorado en más de 17 mil millones de pesos durante la administración del ex presidente Danilo Medina, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) abrió una investigación el viernes.
La ley de autorización de información financiera establece que la información que necesita Pepca para el examen de un total de 209 personas naturales y jurídicas sea proporcionada por las superintendencias de Bancos y Valores, la Dirección General de Impuestos Internos y el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo.
Kenia Romero Severino, juez coordinadora de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, dio el visto bueno.
La lista incluye nombres de empresarios y exfuncionarios del gobierno pasado como el ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero, Simón Lizardo Mezquita, ex titular del Banco de Reservas, entre otros.
Donald Guerrero está siendo investigado por el Ministerio Público por participar en «tipos delictivos preliminares» como lavado de dinero, corrupción oficial, falsificación de documentos y asociación delictuosa.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa solicitó autorización para revelar información financiera en su radicación ante el Tribunal Nacional de Instrucción del Distrito Nacional, aduciendo que los pagos realizados por el Ministerio de Hacienda durante la administración de Donald Guerrero no pasaron por controles legales porque no están registrados en los registros del Tesoro Nacional.
Según el acta de autorización emitida por el juzgado, el Ministerio Público declara que se realizaron actuaciones dolosas a las órdenes del Ministro de Hacienda para defraudar al erario público por aproximadamente RD$19.653 millones a través de acuerdos transaccionales, alcanzando a sustraer, en su estimación, RD$17.300 millones.
Los actos dolosos se realizaron a través de actividades vinculadas a la toma de tierras en áreas protegidas y simulando la adquisición y venta de tierras mediante deudas administrativas, las cuales comparten la transferencia de crédito a beneficiarios de fideicomisos o empresas de carpeta, según el Ministerio Público.
Las empresas de carpeta eran disueltas una vez el objetivo era alcanzado.
La Fiscalía Especializada en la Persecución de la Corrupción Administrativa inició la investigación en atención a un Informe Especial de Investigación presentado por la Fiscalía General de la República el 23 de septiembre de 2021, el cual fue sustentado en datos e información obtenida de los sistemas internos del Tesoro Nacional y la Dirección General de Impuestos Internos.
