La administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dificultará que los inmigrantes legales más pobres extiendan sus visas u obtengan el estatus de residente permanente.

La regla se dirige a los migrantes que dependen de los beneficios públicos, como la ayuda alimentaria o la vivienda pública, durante más de un año.

Sus solicitudes serán rechazadas si el gobierno decide que es probable que dependan de la asistencia pública en el futuro.

El cambio de reglas reforzaría los «ideales de autosuficiencia», dijeron los funcionarios.

La nueva regulación, conocida como «regla de carga pública», se publicó en el Registro Federal el lunes y entrará en vigencia el 15 de octubre.

Es poco probable que los inmigrantes que ya sean residentes permanentes en los Estados Unidos se vean afectados por el cambio de regla.

Tampoco se aplica a refugiados y solicitantes de asilo.

Pero los solicitantes de extensiones de visa, tarjetas verdes o ciudadanía estadounidense estarán sujetos al cambio.

Los que no cumplan con los estándares de ingresos o que se considere probable que dependan de beneficios como Medicaid (atención médica administrada por el gobierno) o vales de vivienda en el futuro pueden ser bloqueados para ingresar al país.

Aquellos que ya están en los Estados Unidos también podrían tener sus solicitudes rechazadas.

Se estima que 22 millones de residentes legales en los Estados Unidos no tienen ciudadanía, y muchos de estos probablemente se verán afectados.

Grupos de derechos civiles han dicho que la medida apunta injustamente a inmigrantes de bajos ingresos. 

El Centro Nacional de Leyes de Inmigración ha dicho que demandará a la administración Trump para evitar que la regulación entre en vigencia.