El gobierno de Nicaragua despojó a 94 personas de su nacionalidad nicaragüense, según una resolución leída por un juez este miércoles, alegando que estaban «realizando actos delictivos» contra la paz y la independencia del país.

La orden afecta a los nicaragüenses que viven en el exterior, pero también a algunos que aún residen en el país.

La medida se produce después de que el gobierno expulsó a 222 presos políticos a Estados Unidos la semana pasada.

Los presos eran en su mayoría de oposición y fueron encarcelados por ejercer sus libertades fundamentales. 

Se espera que a los prisioneros se les permita permanecer en los EE. UU. durante dos años.

La liberación se considera la última de una serie de medidas enérgicas contra la disidencia política en Nicaragua, incluida la criminalización de las protestas y el bloqueo de los medios de comunicación independientes. 

La administración Biden ha utilizado la detención de opositores políticos para imponer sanciones a la nación centroamericana y ha calificado la liberación de presos como un “paso constructivo”.

En los últimos años, el gobierno de Nicaragua bajo el presidente Daniel Ortega ha estado tomando medidas enérgicas contra la disidencia, apuntando a políticos de la oposición, activistas de derechos humanos y periodistas independientes. 

Esta represión se ha caracterizado por el uso de fuerzas policiales y paramilitares para reprimir violentamente las protestas e intimidar a quienes se pronuncian en contra del gobierno.

Uno de los casos más significativos de esta represión ocurrió en 2018, cuando estallaron protestas en todo el país en respuesta a una propuesta de reforma de la seguridad social. 

La respuesta del gobierno a estas protestas fue brutal, con la policía y las fuerzas paramilitares utilizando munición real y otras tácticas violentas para reprimir las manifestaciones. 

La represión resultó en la muerte de más de 300 personas y el encarcelamiento de muchos líderes y activistas de la oposición.

Desde entonces, el gobierno ha seguido reprimiendo la disidencia, arrestando a políticos y activistas de la oposición y otras formas de intimidación. 

En noviembre de 2021, el gobierno aprobó una nueva ley que penaliza los actos de «terrorismo», que muchos temen se utilizará para reprimir aún más la disidencia.

Los medios de comunicación independientes también han sido objeto de ataques, y los periodistas enfrentan hostigamiento e intimidación por parte de funcionarios del gobierno y sus seguidores. 

En 2018, el gobierno cerró varios medios de comunicación y en 2021 revocó la personería jurídica del principal medio de comunicación independiente del país, El Confidencial.

En 2021, Washington impuso sanciones y denunció la reelección de Ortega como una «farsa» después de que todos sus principales opositores fueran detenidos por la policía en los meses previos a la votación, con periodistas y figuras religiosas también encarceladas más tarde.

Las organizaciones de derechos humanos han documentado numerosos casos de abusos contra los derechos humanos por parte del gobierno, incluidas detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales. 

El gobierno también ha sido acusado de utilizar el sistema legal para atacar a figuras de la oposición, incluso mediante la presentación de cargos sin fundamento en su contra.

En los últimos meses, el gobierno de Nicaragua ha intensificado sus esfuerzos para silenciar la disidencia mediante una campaña sistemática de represión contra la Iglesia Católica. 

La represión del presidente nicaragüense Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo contra el clero y las organizaciones afiliadas a la iglesia que critican su régimen autoritario no sólo amenaza la libertad religiosa de Nicaragua, sino que también erige importantes obstáculos para el regreso del país a la paz y la democracia. 

Las hostilidades entre la iglesia y el régimen de Ortega comenzaron a escalar luego de la crisis política de Nicaragua en 2018. 

En abril de ese año estallaron protestas antigubernamentales en todo el país pidiendo reformas democráticas a una miríada de temas económicos y sociales, así como la renuncia de Ortega.

Prelados prominentes como los obispos Silvio Báez y Abelardo Mata Guevara enfrentaron amenazas de muerte y acusaciones de insurrección, lo que obligó a algunos a restringir su trabajo pastoral y a otros al exilio. 

Desde 2021, Ortega ganó la reelección de manera aplastante luego de encarcelar a sus opositores y disolver sus partidos políticos. 

Desde entonces, el régimen ha agredido a la iglesia como parte de su campaña para consolidar el poder. 

La detención del obispo Rolando Álvarez, un influyente líder religioso y voz simbólica de la oposición a nivel nacional, es solo un ejemplo de hasta dónde ha estado dispuesto a llegar el régimen de Ortega para silenciar a sus críticos.

Alvarez fue sentenciado a 26 años en prisión el 10 de febrero pasado, tras negarse a subir a un vuelo a Estados Unidos con otros 222 presos, todos opositores al presidente Daniel Ortega. Varios sacerdotes sí abordaron el vuelo. Además, Álvarez fue despojado de su ciudadanía nicaragüense.

La medida provocó la primera reacción públicamente de la iglesia sobre la expulsión de los presos y la sentencia de Álvarez.

“La noticia de Nicaragua me ha dolido mucho y no puedo dejar de recordar con preocupación al obispo Rolando Álvarez de Matagalpa, a quien quiero mucho”, dijo el Papa Francisco el 12 de febrero.

Hablando al final de su discurso del Ángelus, el Papa Francisco dijo que también oraba por los 222 presos políticos nicaragüenses que fueron deportados a los Estados Unidos y “por todos los que están sufriendo en esa querida nación”.

El líder sandinista Ortega, que gobernó Nicaragua por primera vez en la década de 1980 tras la sangrienta guerra civil del país, volvió al poder en 2007.

La comunidad internacional ha expresado su preocupación por la represión del gobierno de Nicaragua contra la disidencia. 

Las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras organizaciones han pedido al gobierno que respete los derechos humanos y libere a los presos políticos. 

Estados Unidos y otros países también han impuesto sanciones a funcionarios y entidades de Nicaragua en respuesta a las acciones del gobierno.